08/02/2008
El emigrante español hizo lo que debe hacer ahora el inmigrante: exigir sus derechos y cumplir la ley
El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha declarado dispuesto a exigir a los inmigrantes que firmen un "contrato de integración" en el que se comprometan a aprender español, a respetar las costumbres de su país de acogida y a regresar a su país de origen si no encuentran rápidamente un nuevo empleo. Afortunadamente, nada de esto parece fácil desde el punto de vista de los principios recogidos en la Constitución española, que fue redactada en una época en la que los políticos aún recordaban a los emigrantes españoles en medio mundo, y aún compartían lo que dijo, en su día, en su defensa, el escritor Max Frisch: "Suiza ha pedido trabajadores y le han llegado seres humanos".
Ningún político medianamente sensato, conservador o socialdemócrata, exigió a los obreros españoles en Alemania o Suiza, o a los camareros y camareras que inundaron en los años sesenta y setenta los restaurantes y hoteles del Reino Unido, que aprendieran su lengua, más allá de un vocabulario de estricta supervivencia; nadie les obligó a respetar costumbres que no figuraran en las leyes y nadie amenazó con echarles del país a las primeras de cambio. Nadie les echó miserablemente en cara el dinero del que se privaban ellos mismos para enviárselo a sus familias y nadie les acusó de acudir a los médicos de la Seguridad Social, que estaban pagando como cualquier otro ciudadano.
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