Por Diego Martínez
–¿Quiénes son? –preguntó la criatura.
–Muertos –respondió el padre.
–¿Y por qué murieron?
–Un accidente, en un avión –mintió el feligrés.
El diálogo fue en Semana Santa. Padre e hijo salían de la Catedral de Córdoba y se toparon con cientos de imágenes de rostros en blanco y negro que atraviesan el pasaje Santa Catalina, un empedrado colonial que durante la última dictadura separó el púlpito donde el cardenal Raúl Primatesta oficiaba misa del Cabildo y el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, histórico centro de detención y torturas. Hoy tres huellas digitales gigantes con nombres de víctimas de la represión estatal, desde el Cordobazo hasta el fin de la dictadura, cubren su fachada. Allí funciona el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria, que integran los organismos de derechos humanos, representantes de los tres poderes de la provincia y la Universidad Nacional de Córdoba.
La lucha “por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio”, como H.I.J.O.S. definió su objetivo, se vive por estos días en Córdoba con inusual intensidad. Mientras un tribunal federal juzga al símbolo máximo del genocidio local, el general Luciano Benjamín Menéndez, ante 160 testigos y varios miles que siguen la transmisión en vivo, centenares de jóvenes detrás de las vallas hacen el aguante a los saltos para no congelarse. El martes llegó Cecilia Pando, la última activista castrense, pero los familiares de los imputados prefirieron mezclarse entre los asistentes y le ordenaron retirarse. Cuando un policía le pidió que se ubicara detrás del vallado que no ocupaban las organizaciones sociales, advirtió su soledad y se fue mascullando bronca.
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